Alumnos del Manuel Belgrano hacen una sentada y exigen medidas contra presunto acoso docente

El jueves 8 de octubre de 2026, alrededor de las 07:30, un grupo de estudiantes del Instituto Privado de Educación Media 128 Manuel Belgrano realizó una sentada pacífica frente al edificio ubicado en la calle Sobremonte 1300, exigiendo que las autoridades educativas respondan a denuncias de acoso y abuso por parte de un docente.

La protesta y sus reclamos

Las alumnas, encabezadas por Agnes y Micaela, señalaron que habían intentado canalizar la situación tanto de manera individual como colectiva ante la dirección del plantel, pero la única medida adoptada consistió en obligar al profesor a dictar sus clases acompañado por otro miembro del personal. “Entendemos que a veces faltan herramientas y capacitación, pero la respuesta parece pensada para proteger la imagen del colegio y no a los estudiantes”, afirmó Agnes.

Micaela, por su parte, denunció que se les impuso la restricción de no poder usar el baño durante el horario de clases, una medida que, según ella, “sólo aumenta la sensación de vulnerabilidad”. Ambas coincidieron en que, ante la ausencia de un protocolo claro, el docente debería ser retirado de sus funciones al menos de forma temporal mientras se investigan los hechos.

Respuesta institucional

Hasta el momento, la dirección del colegio no ha emitido un comunicado oficial. Lo único que se ha comunicado a los alumnos es la medida de acompañamiento del profesor, sin detallar acciones de seguimiento ni garantizar la seguridad de los menores. Los estudiantes manifestaron que la falta de información genera desconfianza y que “no se percibe una acción concreta, aunque muchos ya han contado sus experiencias”.

Ausencia de denuncias formales y obstáculos burocráticos

Según los manifestantes, ninguna de las supuestas víctimas ha presentado una denuncia formal ante la justicia, en parte porque los trámites internos del plantel resultan engorrosos y no brindan la contención necesaria. “Los procesos burocráticos y la falta de apoyo hacen que sea muy difícil acudir a la Justicia”, explicó una de las estudiantes.

Los alumnos también expresaron que no se sienten seguros para conversar a solas con la dirección o con funcionarios de la autoridad educativa, lo que dificulta la recolección de testimonios y la adopción de medidas preventivas.

Demandas de la comunidad estudiantil

Frente a la situación, los jóvenes piden la implementación inmediata de un protocolo de actuación ante casos de acoso, la designación de un acompañamiento profesional para las víctimas y la garantía de que cualquier docente investigado sea retirado de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. “Defender la educación pública no es solo cuestión de salarios; es proteger a los estudiantes”, concluyó Agnes.