Juez cordobés multa $900.000 a ginecólogo por usar lentes con cámara sin avisar y por expresiones despectivas

El 21 de octubre de 2026 el Juzgado de Control y Faltas N.º 7 de la provincia de Córdoba, a cargo del juez titular José Milton Peralta, dictó sentencia contra un ginecólogo identificado como F.B. por maltrato agravado por razones de género. La condena se originó a partir de la denuncia presentada por una paciente que acudió a una clínica para informarse sobre la crioconservación de óvulos y que describió una serie de conductas que el tribunal consideró incompatibles con el trato digno y la intimidad que exige la relación médico‑paciente. El magistrado revocó la absolución que había dictado previamente la Unidad Contravencional de Género, argumentando que la falta de información sobre el uso de los anteojos con cámara constituía una vulneración del derecho a la intimidad, aun cuando no se acreditó la captura de imágenes.

Según el relato de la denunciante, la atención tuvo lugar el 26 de febrero de 2026. Durante la consulta, el profesional realizó una ecografía transvaginal y, al mismo tiempo, portó unos anteojos Ray‑Ban Meta, un dispositivo con cámara y capacidad de captura de imágenes. La paciente afirmó que el médico no informó que los anteojos podían grabar, lo que, a juicio del juez, vulneró su derecho a la intimidad aunque no se demostró que el dispositivo estuviera activado ni que se hubieran tomado imágenes. Los anteojos utilizados por el profesional eran del modelo Ray‑Ban Meta, equipados con cámara y capacidad de grabación, tecnología que, según el juez, debía ser informada al paciente antes de su uso.

Contexto de la denuncia

La paciente también señaló que, durante el estudio, el ginecólogo la tocó de forma indebida. Relató que, mientras sostenía el transductor con la mano derecha, apoyó su mano izquierda sobre el tobillo derecho de la mujer y lo desplazó varios centímetros hacia arriba, como si fuera hacia la rodilla, primero mientras el transductor estaba introducido y luego al finalizar el examen. Además, denunció que el profesional la llamó “nena” y “nenita” y le dijo: “Tenés los ovarios de una pendeja”, expresiones que la hicieron sentir incómoda y descalificada. La denunciante también indicó que el consultorio estaba desprovisto de personal auxiliar, lo que, a su juicio, aumentó la sensación de vulnerabilidad durante la exploración.

El relato de la paciente incluyó también la ausencia de personal auxiliar en el consultorio, lo que, según ella, incrementó la sensación de vulnerabilidad. Estos hechos fueron analizados por el juzgador, quien tuvo que valorar la existencia de pruebas directas y la credibilidad del testimonio para determinar la responsabilidad penal del médico. El juez evaluó la credibilidad del testimonio y la ausencia de pruebas documentales, concluyendo que, pese a la falta de evidencia directa, la combinación de conductas describió un trato incompatible con la normativa de protección al paciente.

Fundamentación judicial

En su resolución, el juez Peralta constató que no había pruebas suficientes para acreditar los contactos físicos denunciados ni para demostrar que los anteojos con cámara hubieran sido activados o que se hubieran tomado imágenes durante la consulta. No obstante, consideró acreditado que el profesional llevó los anteojos con cámara sin informar a la paciente, lo que constituye una vulneración del derecho a la intimidad y genera inseguridad en la relación médico‑paciente. En su fallo, el magistrado citó la Ley de Derechos del Paciente (Ley 26.529) y el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, que establecen la obligación de preservar la intimidad y el respeto durante cualquier intervención sanitaria.

El magistrado también dio por probadas las expresiones “nena”, “nenita” y la referencia a los ovarios como “de una pendeja”. Según su criterio, dichos términos resultaron infantilizantes y descalificantes, especialmente porque fueron pronunciados en el contexto de una consulta sobre salud reproductiva, generando un trato incompatible con el respeto, la confianza y la seguridad que deben regir la práctica médica. El tribunal consideró que los términos “nena” y “nenita”, así como la referencia a los ovarios como “de una pendeja”, resultaron infantilizantes y descalificantes, vulnerando la dignidad de la paciente en un contexto de salud reproductiva.

Apoyándose en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, el juez señaló que los profesionales de la salud están obligados a preservar la dignidad, la intimidad y el trato respetuoso de quienes reciben atención. Además, aplicó la agravante por razones de género, considerando la asimetría inherente al vínculo entre un ginecólogo y una mujer adulta, especialmente cuando el examen implica la intimidad corporal y sexual. El juez subrayó que la normativa ética obliga a los profesionales a obtener el consentimiento informado cuando se emplean dispositivos tecnológicos capaces de captar imágenes o datos personales.

Sanciones impuestas

La sentencia estableció una multa de novecientos mil pesos ($900.000) para el médico, medida económica que busca reparar el daño moral causado a la paciente y servir como elemento disuasorio frente a conductas similares. Además, el profesional deberá asistir a un curso educativo sobre género impartido por el Centro Integral de Varones de la provincia de Córdoba, con el objetivo de sensibilizarlo respecto a la igualdad de género y al trato respetuoso en el ejercicio de la medicina. La multa de $900.000 fue justificada como medida reparadora del daño moral sufrido por la paciente y como elemento disuasorio frente a conductas que atenten contra la confianza médico‑paciente.

La obligación de realizar el curso se inscribe dentro de las medidas complementarias que la justicia puede aplicar en casos de maltrato agravado por razones de género, buscando no solo castigar sino también prevenir futuras infracciones mediante la educación del infractor. La resolución no contempla ninguna otra medida restrictiva, como la suspensión de la matrícula profesional, ya que el juez consideró que la multa y el curso eran proporcionales a los hechos acreditados. La resolución no incluyó la suspensión de la matrícula profesional del médico, pues el juez estimó que la combinación de la multa y el curso de género resultaba proporcional a los hechos acreditados.

Repercusiones y contexto legal

Este fallo se produce en un contexto de creciente atención a los derechos de las pacientes en Argentina, donde se han fortalecido normas que protegen la intimidad y la dignidad en la atención sanitaria. La jurisprudencia reciente ha subrayado la importancia de informar a los pacientes sobre cualquier dispositivo tecnológico que pueda capturar imágenes o datos, reforzando la obligación de obtener consentimiento informado.

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La sentencia también alimenta el debate sobre la aplicación de la agravante por razones de género en el ámbito de la salud. Expertos en derecho penal han comentado que la consideración de la asimetría de poder entre médico y paciente es esencial para valorar la gravedad de conductas que, aunque no se prueben físicamente, generan un clima de intimidación y vulneración de la confianza. Especialistas en derecho penal señalaron que la agravante por razones de género se aplica cuando se evidencia una asimetría de poder que genera intimidación, aun sin pruebas físicas de contacto, ampliando la protección de la dignidad de la paciente.