Denuncia penal del Gobierno por violencia en la 5ª Marcha Federal Universitaria

El jueves pasado, la 5ª Marcha Federal Universitaria se congregó frente al Congreso nacional exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración, que reunió a miles de estudiantes y simpatizantes, derivó en enfrentamientos con fuerzas federales, provocando detenciones, heridos y daños materiales que el Gobierno estima en 90 millones de pesos.

Detenciones y efectivos heridos

Según el Ministerio de Seguridad, al menos 25 personas fueron arrestadas en los alrededores del edificio legislativo. Entre los detenidos se cuenta un adolescente de 14 años, señalado por lanzar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre. Por su parte, ocho efectivos de seguridad resultaron lesionados: cuatro gendarmes, dos de la Prefectura Naval y dos de la Policía Federal, todos agredidos con piedras y objetos contundentes.

Daños por 90 millones de pesos

El Gobierno de la Ciudad realizó una evaluación preliminar que sitúa el costo de los destrozos en 90 millones de pesos. Los bienes afectados incluyen mobiliario urbano, veredas, canteros y áreas verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus inmediaciones. La cartera de Seguridad continúa recopilando fotografías y videos para identificar a los responsables de los actos vandálicos.

Objetivo de la denuncia y proceso judicial

La denuncia penal imputa a los manifestantes cargos de resistencia, atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. El escrito sostiene que los disturbios buscaban “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” mientras el Congreso sesionaba. "Nuestro objetivo es identificar a los responsables y presentar la evidencia ante la Justicia", señaló el ministro de Seguridad.

Reacciones y contexto de la protesta

Los organizadores de la marcha reiteraron que la convocatoria tenía como fin presionar por la financiación universitaria y no aprobaron los actos violentos. Sin embargo, la presencia de grupos que se separaron de la columna principal y recurrieron a la violencia ha generado un debate sobre la seguridad en manifestaciones públicas y la necesidad de garantizar el derecho a la protesta sin comprometer el orden institucional.